11/01/2009
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  México: Gobierno y legisladores PAN/PRI otra vez nos jodieron; ¿lloraremos
como cobardes, sin resistir?

Pedro Echeverría V.

 1. Los diputados del PAN, PRI, Verde y otros aprobaron hace unos días más
impuestos directos y aumento indirectos al consumo (IVA); pero como en
diferentes sectores surgieron muchas protestas contra esos aumentos, para
silenciarlas los senadores demostraron su disgusto contra lo aprobado por
los diputados y prometieron que repararían a fondo los errores. Después de
una semana –cuando el movimiento de los electricistas ocupaba el lugar más
alto, los legisladores de esos mismos partidos (PAN, PRI, Verde) parieron
chayotes, ratones y pulgas y nada cambiaron; pero sí lograron parar la
mayoría de los gritos y protestas. Hoy todo parece haber regresado a la
calma. ¿Hasta qué grado esa maniobra sirvió también para desviar la lucha de
los electricistas pasándola a segundo término? Ya veremos si se aprueba la
huelga general el cinco.

 2. Los mexicanos son conocidos en el extranjero como "muy machos" y a las
mujeres como "aguerridas", pero por más que nos joden por los gobiernos y
los empresarios no hacemos nada para defendernos. Los magnates de la
televisión, los multimillonarios Azcárraga y Salinas Pliego -junto a sus
corifeos- nos tienen atrapados con sus mentiras y manipulaciones
televisivas. De tal manera que cuando nos golpean con aumentos de precios,
con impuestos, con más miseria y desempleo, pareciera que no entendemos ni
nos damos cuenta; por el contrario nos pasamos repitiendo como tontos lo que
la radio y la TV nos dicen: que cualquier sacrificio que hagamos será
siempre "en beneficio de la patria". Vemos a empresarios y gobierno
acumulando riquezas y propiedades, paseando frente a nosotros sus
latrocinios, y quizá hasta estaríamos puestos a besarles los pies.

 3. Han golpeado y explotado tanto a los trabajadores, y la radio y la TV
han tratado de hacerlos tontos e imbéciles, que los mismos obreros tratan de
evitar que sus hijos sean trabajadores como ellos. Llega un momento en que
los trabajadores justifican el mal trato que les imponen los patrones y
muchas veces ellos mismos quieren ser capataces y agentes patronales. La
ideología de la clase obrera se pierde en la medida en que son derrotadas
sus luchas y la clase empresarial triunfa y les ofrece estabilidad.
Parecería que todas las luchas obreras –como es el caso de los electricistas
del SME que han sido vanguardia de las luchas sociales- a pesar de contar
con apoyos de organizaciones, no han logrado romper la dura campaña que
gobierno, empresarios y medios de información han desarrollado contra ellos.
Un alto porcentaje de la población repite lo que la TV propaga.

 4. Los legisladores "de oposición" se quejan contra los malos porque ellos
(los buenos) –como siempre- son derrotados en las cámaras; nunca han ganado
una. Pareciera que con esa "oposición" en la legislatura se puede decir que
hay democracia en el país y el presidente ilegítimo puede demostrar que en
México hay un régimen de libertades. ¿Vergüenza? Los padres no tendrán
vergüenza ante sus hijos por no defenderse por cobardía porque lo que les
enseñan en su casa es lo mismo que escuchan en la iglesia y en la escuela,
además que lo ven el la calle. ¿No les enseñan acaso a sus hijos el
individualismo, es decir, a no meterse en nada y a sólo preocuparse por sus
propios intereses? ¿Para qué oponerse y causar molestias a los de arriba
-dicen- si es mejor acomodarse y obedecerlos para luego recibir un premio o
por lo menos una sonrisa de simpatía?

 5. Pareciera que cuando salimos a la calle –lo he hecho durante 50 años-
sólo nos desahogamos. Le mentamos la madre al gobierno, a los empresarios y
a los legisladores en discursos y consignas pero de ahí no pasa. Durante
esos años he pensando –sobre todo en medio de la agitación- que la izquierda
es cada vez más fuerte y numerosa, que se acerca el día de la liberación,
pero la brutal explotación del trabajo, la opresión y la miseria siguen
igual o quizá peor. Me he equivocado siempre que me he dejado llevar por las
emociones del momento y he dejado de hacerle caso a mis reflexiones reales y
objetivas. ¿Cuántas veces y en cuántos años hemos reunido en el Paseo de la
Reforma, en la avenida Juárez y en el Zócalo de la ciudad de México, así
como en Oaxaca, Guerrero, Michoacán a cientos de miles de manifestantes para
que todo siga igual?

 6. ¿Podrá pensarse acaso –algunas veces- que esas grandes marchas,
predominantes de clases medias, sólo han funcionado como distractores? En
1968 las grandes marchas estudiantiles y el brigadeo fueron las que dieron
la mayor fuerza al movimiento; pero en el movimiento de 1958/59, de obreros
ferrocarrileros, las marchas fueron secundarias pues la fuerza surgió de los
poderosos paros con precisión y unanimidad, antecedidos por brigadas y
asambleas. Si así fuera, quizá en lugar de citar a tantas movilizaciones en
la ciudad primero habría que hacer más volantes, folletos, brigadas,
pequeñas reuniones y asambleas. Para llamar a movilizaciones en las calles
antes hay que intensificar el trabajo de información en las fábricas, las
escuelas, los demás centros de trabajo y de volanteo en las calles. La gente
necesita información y formación anticapitalista.

 7. Se ha demostrado ya con datos duros, con cifras precisas la manera de
cómo con estas alianzas de legisladores del PAN y del PRI lesionan
bárbaramente los intereses de los trabajadores. También ha quedado claro
cómo los acuerdos últimos benefician a los 500 empresarios más poderosos al
país que no pagan ni están dispuestos a pagar impuestos. El presidente de la
República se ha arrodillado ante ellos primero para pedirles "que paguen
aunque sea un poco" y después para pedirles perdón por haberse atrevido a
hablar de ellos. Todo eso es vergonzoso, pero mucho más para la izquierda
que -por lo menos en los últimos 50 años- no ha logrado que la población sea
menos miserable. De todas maneras hay más tiempo que vida: quizá podremos
lograr algunos cambios en beneficio del pueblo en los otros 50 años
siguientes.

 ped...@cablered.net.mx

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    Gobierno esfuma archivos de Luz y Fuerza del CentroNydia
Egremy<http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/author/nydia/>
1 Noviembre 2009

*Miles de expedientes reservados resguardan testimonios, cifras y prácticas
que documentan la forma como se administró esa empresa estratégica y que se
perderán en cuanto se consuma el proceso de liquidación de la misma. En cada
edificio, oficina, sucursal o subestación, permanecen velados al
conocimiento público centenas de registros que describen cómo y quién
ejecuta el robo de fluido eléctrico en perjuicio de esa empresa; el
resultado de arqueos a pagadores de subestaciones eléctricas; qué firmas se
beneficiaron de las autorizaciones para eliminar sustancias peligrosas, y
quiénes entablaron los numerosos juicios laborales y por qué contra LFC. Esa
información, alejada de los ciudadanos desde 2003, quedará oculta para
siempre*

  El registro de expedientes reservados por el organismo descentralizado Luz
y Fuerza del Centro (en proceso de extinción tras el decreto presidencial
del 11 de octubre pasado) muestra un amplio universo integrado por miles de
archivos y documentos que revelan las funciones, actividades, resoluciones y
medidas administrativas que emprendió esa empresa, cuyas autoridades
consideraron que debían ocultarse al conocimiento público luego de que entró
en vigor la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental (LFTAIPG).

 La Dirección de Asuntos Jurídicos de ese organismo clasificó 6 mil 597
asuntos; le sigue la Dirección de Recursos Humanos en el rubro de
“Relaciones laborales”, con 5 mil 635 archivos, a los que se suman 146
expedientes de la Coordinación de Proyectos Institucionales que comprenden
juicios laborales. Otros 100 expedientes reservados pertenecen a la
Subdirección de Abastecimiento, rubro “Dispositivos de inteligencia y
seguridad”; 22 más de esa subdirección corresponden al área “Recursos
materiales y obra pública”, y 85, al aseguramiento de bienes e intereses
asegurables de la empresa. No son todos los archivos reservados de Luz y
Fuerza del Centro (LFC), aunque algunos de los que aquí se describen
ilustran la condición de secretismo en que operaron desde hace años rubros
estratégicos de ese organismo.

 En el caso de asuntos jurídicos, Luz y Fuerza del Centro (LFC) reservó, por
cinco años, como clasificados los expedientes correspondientes a
“Averiguaciones previas”. Asuntos relativos a “Juicios especiales
hipotecarios”, “Tercerías excluyentes de dominio”, “Juicios de amparo”,
“Juicios ejecutivos mercantiles”, “Reclamaciones de fianzas”, “Juicios
agrarios”, “Concursos mercantiles”, “Juicios ordinarios mercantiles”, así
como “Asuntos fiscales y administrativos”, todos se clasificaron por 10
años, hasta enero de 2014.

 Es notable que desde el 30 de enero de 2004, LFC clasificó más de 100
expedientes relativos a averiguaciones previas por “robo de fluido
eléctrico”, así se observa en el expediente AP/RFE1, cuya información sería
accesible hasta 10 años después. En el decreto que extingue a ese organismo
se señala que “el porcentaje de pérdidas totales de energía de Luz y Fuerza
del Centro es excesivo y superior en casi tres veces al que presenta la
Comisión Federal de Electricidad”. Agrega el decreto que a junio de 2009 Luz
y Fuerza del Centro perdió el 30.6 por ciento de energía; los documentos que
informan las razones y a los responsables de esa pérdida se mantuvieron en
secreto por años.

 De la política de reserva que mantuvo Luz y Fuerza del Centro con respecto
del robo de fluido eléctrico, María Xelhuantzi López, doctora en ciencia
política y analista en organizaciones laborales de la Universidad Nacional
Autónoma de México, considera que una investigación de esos expedientes
arrojaría luz respecto “de quién robaba y cómo se clasificaba” esa
información por parte de la empresa.

 “Desde luego, el robo en pequeña escala, de los ambulantes o de la vía
pública se resolvía con una *mordida*;* *en cambio, el robo de mayor
proporción, que indudablemente implica a grandes consumidores, grandes
empresas y grandes intereses, a riesgo de equivocarse, se concluiría que
mientras más grande e importante fuera la empresa que robaba el fluido, más
secreto es el expediente”, estima la entrevistada.

 En “Asuntos penales”, que involucran a LFC según los archivos que reservó,
es notorio que a partir de enero de 2006 esa empresa optó por el máximo
periodo que autoriza la ley para clasificar su información (12 años). Así se
evidencia en el expediente PGR/CHAL/106/II/03 que fue clasificado el 13 de
julio de 2009 y que sería visible hasta 2021, aunque ahora, en el actual
proceso de extinción del organismo, podría quedar olvidado.

 Otro aspecto que permanecerá oculto al interés público es el relativo a los
“Dispositivos de inteligencia y seguridad de LFC”*. *La Subdirección de
Abastecimiento y Transportes en el rubro clasificó 100 expedientes, todos
por 12 años. “Corporaciones policiales para vigilancia y seguridad en el
Distrito Federal y en los estados de México, Hidalgo, Puebla y Morelos” se
remonta al 1 de septiembre de 2003 y sería accesible hasta 2015.

 De igual manera, las autoridades del organismo descentralizado alejaron del
conocimiento público por 12 años el archivo relativo a “Dispositivos de
seguridad en instalaciones (directorio de instalaciones, planes de seguridad
física, programas de supervisión, ficha técnica, diagnóstico de riesgos)”.
Hicieron lo mismo con la información relativa a las “reuniones ordinarias y
extraordinarias del grupo de coordinación para la atención de instalaciones
estratégicas”, que se clasificó por 12 años, desde 2003.

 Igual ocurrió el 11 de enero de 2006 cuando los funcionarios de LFC
decidieron clasificar por 12 años la información del expediente “Presupuesto
asignado para los servicios de vigilancia policial 2006 (presupuesto de
explotación)”.

 Finanzas oscuras

* *

Por su parte, la Subdirección de Finanzas reservó, desde 2004, por 12 años,
la información que contiene 1 mil 271 expedientes sobre el rubro “Recursos
financieros”*. *Se trata de* *los estados de cuenta, relaciones de nómina,
control y registro de pólizas de ingresos, conciliaciones, egresos por
partida presupuestal, registro contable, valores financieros.

 Como ejemplo, están los expedientes “Programas y recorridos de pago de
nómina 2”, “Ingresos enlace bancos 30”, “Pólizas tipo 18”, “Liquidaciones
semanales subt”. “Belem de las Flores 4”. Otros, como “Resguardos de los
fondos fijos subt. Iztap”,* *estarían disponibles hasta 2011.

 Entretanto, datos sobre nóminas, arqueos (comprobación de efectivo), pagos
temporales se resguardaron desde 2006 hasta enero de 2018; así se observa en
los expedientes “Requerimientos de nóminas subt. Cuautitlán”, “Arqueos subt.
Cuautitlán”, “SC04C-SE05-Arqueos a pagadores-subtesorería
Ecatepec-LFTAIPG-13-1v-1-5 años”, “Guías de autoevaluación subt.
Cuautitlán”, “Penalización Tameme subt. Cuautitlán”, “Liquidaciones
semanales subt. Cuautitlán” y el expediente “Egresos (programa pagos subg.
plan y cont. F.) Febrero 06 S.T.-1 carpeta”*.*

 Asimismo, la “Liquidación de pagadores subt. centro 10” se clasificó desde
2006 hasta enero de 2011. Los expedientes titulados “Subgerencia de
Planeación y Control Financiero./S.T.Z.C.-1 carpeta” y “Remesas especiales
extraordinarias g.finanzas-1 expediente” se reservaron el 13 de julio de
2006 para permanecer clasificados por 12 años.

 Por otra parte, Luz y Fuerza del Centro decidió no informar qué sucede con
respecto del rubro “Tecnologías y servicios de la información”, pues
clasificó 108 expedientes desde 2004; todos por el máximo de tiempo que
permite la ley. Se trata de archivos que contienen información sobre el *
software* para cada equipo que opera en esa subdirección, sobre el código
fuente, de documentación técnica y temas relacionados, de plataforma
distribuida, así como de esquemas de seguridad.

 También clasificó 104 archivos relacionados con el rubro “Programación,
organización y presupuestación”, que contienen datos sobre compromisos para
años subsecuentes e inversiones del organismo descentralizado, como el
archivo denominado “Compromisos solicitados 1”, clasificado el 29 de enero
de 2004, disponible hasta 2016.

 Askareles en secreto

 El jueves 11 de octubre de 2007 la Comisión de Medio Ambiente, Recursos
Naturales y Pesca del Senado de la República aprobó en votación económica un
punto de acuerdo, que también aprobaron los congresos de Querétaro y San
Luis Potosí, para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat) informara sobre el manejo de askareles en el país.

 En el dictamen correspondiente de esa comisión se señaló que “los askareles
o bifenilos policlorados (BPCs) son una mezcla de hasta 209 compuestos
clorados individuales”, que son líquidos aceitosos o sólidos, incoloros a
amarillo claro capaces de existir como vapor, inoloros e insípidos, que se
usaban ampliamente como refrigerantes y lubricantes en transformadores,
condensadores y otros equipos eléctricos.

 El Senado agregaba que “los askareles se constituyen como residuos
peligrosos ya que poseen alguna de las siguientes características:
corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad, y ponen
sustancial o potencialmente en peligro la salud humana o el ambiente”, pues
los resultados del contacto de BPCs en seres humanos han sido: “abortos,
defectos en los recién nacidos, desórdenes funcionales en el sistema
nervioso, causando vértigo, depresión, fatiga y nerviosismo” y, en el peor
de los casos, cáncer.

 Además, ese documento apuntaba que los BPCs están prohibidos en la mayoría
de los países “y en el nuestro no es excepción”, ya que es uno de los tres
principales objetivos del Plan de Acción Regional de América del Norte que
se lleva dentro del Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte,
“del cual, México es parte”, y donde se comprometía a la eliminación, manejo
ambientalmente adecuado de los inventarios en todo su ciclo de vida y retiro
gradual y destrucción de los BPCs.

 Por esas consideraciones, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos
Naturales pedía a la Semarnat información sobre la localización y volumen de
bifenilos policlorados almacenados, abandonados o en uso, así como un
listado de generadores; fechas y métodos de eliminación de los bifenilos
policlorados existentes, así como los responsables de ese proceso.

 También, le requería copia del programa de eliminación de bifenilos
policlorados para 2008, como lo indica la “Tabla I” de la Norma Oficial
Mexicana: NOM-133-SEMARNAT-2000, incluyendo método, cantidades y
responsables de tal eliminación y métodos y cantidad de BPCs, eliminados
desde la entrada en vigor de la NOM mencionada hasta esa fecha (11 de
octubre de 2007).

 Esa preocupación del Senado sobre el manejo y desecho de esos residuos
peligrosos no impidió, sin embargo, que desde 2004 la Subdirección de
Planeación Estratégica de Luz y Fuerza clasificara 118 expedientes
relacionados con el rubro temático: “Protección ambiental, manejo de
residuos peligrosos”,* *particularmente la información relativa a los
programas de eliminación.

 Otros se clasificaron por seis años en cuanto comenzó la actual
administración federal: “Askarel licitación pública internacional
LPI/SS-153/94”, que permanecería clasificado hasta el 12 de enero de 2011.
En igual circunstancia están los archivos “Bifenilos policlorados (BPC-S)
1994”,* *“Publicaciones diversas askarel 1994”,* *“BPCs bitácora de obra
1996”,* *“Certificado de incineración BPC-S (manifiesto de entrega y
transporte) 1996”, “PBCs contrato No. SS-111/96 (RIMSA) (manifiesto de
entrega y transporte)”. “Estado de cuenta del contrato de servicios (RIMSA
No. SS-111-96) (ECOLAB No. SS-139/97)”, así como el denominado “Bifenilos
policlorados (BPCs) (manifiestos) 1997”, y otras decenas de documentos más.

 Además de los certificados para la incineración de BPCs y estados de cuenta
de contratos de servicios o bitácoras de obra, la Subdirección de Planeación
Estratégica de LFC clasificó otras actividades relacionadas con el manejo o
destrucción de estos residuos peligrosos. Dos de ellos se vinculan con el
Almacén Victoria del organismo. El primero, relativo a “Compras” y el
segundo, a “Bajas de almacén”, que fueron blindados por cinco años a partir
del 12 de enero de 2006.

 Igualmente ocurrió con los archivos denominados “Bajas de almacén 1999”,
“Programa de sustitución de equipos en operación con BPCs”, “Empresas
autorizadas en el tratamiento con BPCs”, “Profepa-Almacén Victoria BPCs”,
“Reporte de análisis de laboratorio 2003-2005” y “Avances de indicadores
BPCs 2003-2004”.

 Respecto de la falta de transparencia en proceso de eliminación de
askareles que se tradujo en la clasificación de los expedientes que
contienen la información respectiva, la estudiosa en relaciones laborales
María Xelhuantzi López apunta que es delicado que no se hiciera pública en
su oportunidad, pues conlleva riesgos a la salud de los propios trabajadores
de LFC: “Es un asunto de salud y de vida para los trabajadores; hasta donde
sabemos, el sindicato no tomó medidas oportunas”.

 Oscuras relaciones laborales

 La relación entre LFC y sus trabajadores no es transparente, como lo
demuestra la clasificación de 5 mil 635 expedientes relacionados con juicios
laborales que hizo la Dirección de Recursos Humanos. El título de los
expedientes no logra ilustrar el contenido de esos archivos blindados, como
se observa en el expediente 005A30385/2006, cuyo contenido se reservó hasta
el 11 de enero de 2019.

 Entre el amplio universo de información oculta en torno a las demandas que
empleados de LFC emprendieron contra el organismo descentralizado, también
figuran los archivos GRL-AI-G-026-054197, por procedimientos administrativos
laborales en 2007, y el 005 A/0666/2007, que apenas se clasificó el 14 de
enero de 2009 y que se abriría hasta 2021.

 Más de 5 mil expedientes que documentan causas y procedimientos de otros
tantos juicios laborales entre una empresa pública y sus trabajadores corren
el riesgo de perderse con su valioso contenido informativo para la sociedad
frente al proceso de extinción del organismo.

 Complicidad y corrupción

* *

La práctica de clasificar miles de expedientes de la empresa Luz y Fuerza
“refleja un altísimo grado de corrupción y complicidad del propio gobierno,
pues se trata de un organismo público descentralizado de donde el gobierno
no sólo era el administrador sino el propietario”, aprecia María Xelhuantzi,
de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

 En su opinión, esto denota que el gobierno “es parte medular de la
corrupción que había ahí” y no descarta que la Secretaría de Energía, que es
la cabeza del sector, conociera esa información. Explica la especialista en
organizaciones sindicales que “esto revela la responsabilidad tan grande que
tiene el gobierno en la situación de inviabilidad y de crisis que, al final
de cuentas, lo llevaron a tomar la decisión de liquidar la empresa”.

 Al mismo tiempo, reitera, “también refleja que había toda una intención
desde tiempo atrás de tomar la medida de extinguir a la empresa; refleja que
el gobierno no tenía ni voluntad ni vocación” de que LFC operara de manera
eficiente, de reestructurarla, pues si esto hubiera sido, habría tomado
medidas oportunamente.

 A su vez, la especialista sostiene que también hay gran corresponsabilidad
del sindicato en la situación interna de la empresa, porque “indudablemente
sabía, quizás no de todo y a fondo, pero sí de los malos manejos de la
empresa”. Xelhuantzi López considera que el Sindicato Mexicano de
Electricistas (SME) “no sólo no tomó la iniciativa para que esto cambiara,
sino que se volvió también parte de ese *statu quo*”, y que la
responsabilidad de la organización gremial radicaría en “haber omitido,
tolerado y solapado” tal situación.

 “El sindicato no actuó oportunamente ni con fuerza, la misma que mostró en
las calles durante su marcha del jueves 15 de octubre, y que debió invertir
para presionar suficientemente a la empresa con objeto de lograr que las
cosas cambiaran, pero no lo hizo. En todo caso, la mayor responsabilidad de
la crisis interna de Luz y Fuerza del Centro recae en el gobierno”, expresa
la autora de las investigaciones: *El sindicalismo mexicano: entre la
coyuntura y la historia *(UAM, 2004) y *El sindicalismo en la reforma del
Estado.*

 Más allá de la parte de responsabilidad que corresponda al SME respecto de
la situación de Luz y Fuerza del Centro, la investigadora concluye que,
“desafortunadamente”, con la liquidación del organismo todos los expedientes
reservados y su valiosa información se perderán. Ese hecho y lo que
actualmente pasa reflejan “la falta de transparencia brutal” que existe en
este país sobre cosas fundamentales.

 Si le buscamos a Petróleos Mexicanos o a la Comisión Federal de
Electricidad, advierte, “encontraríamos irregularidades de igual o mayor
proporción, lo que muestra que a pesar de la alternancia política en el país
existen las mismas complicidades que nos llevan a tener un país
sistemáticamente corrupto y donde los ciudadanos estamos indefensos y
obligados a creer la información oficial, manipulada a través de los grandes
monopolios de la información”.

 La medida de extinción contra Luz y Fuerza del Centro “refleja que el
presidencialismo autoritario en este país sigue intacto, lo que es muy
grave”, declara María Xelhuantzi. Agrega que si para el gobierno federal el
problema de fondo era la viabilidad de la empresa, esto se hubiera discutido
en otro nivel y en otra forma, no recurriendo a un “acto de brutalidad
autoritaria” como el que se dio el 11 de octubre.

<http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=36206424&postID=67169761169...>

 *PRESENTAN TRABAJADORAS Y TRABAJADORES NUEVAS DENUNCIAS POR VIOLACION A SU
LIBERTAD SINDICAL*

*México, D.F. 1 de noviembre de 2009*

   - Mantiene Tribunal Internacional de Libertad Sindical trabajo permanente
   hasta la emisión del fallo definitivo en abril de 210
   - De diversas regiones del país, trabajadores y trabajadoras presentan
   casos de violación a sus derechos laborales

 El Tribunal Internacional de Libertad Sindical informa que a partir de las
audiencias públicas de los integrantes del Jurado del propio Tribunal,
realizadas en la ciudad de México 26 y 27 de octubre pasado, nuevos
movimientos y grupos de trabajadores, sobre todo del interior del país, han
decidido presentar sus quejas por diversas violaciones a su derecho de de
organizarse de manera libre, autónoma y democrática.

Este Tribunal Internacional de Libertad Sindical, integrado desde la
sociedad civil mexicana e internacional, se ha constituido con base al
llamado que numerosas organizaciones sociales y civiles tanto
internacionales como de México han hecho bajo la denuncia o presunción de
sistemáticas violaciones a los preceptos básicos de la libertad sindical
establecidos en convenios internacionales aceptados por México y en la
Constitución y las leyes de este país. Partimos de que, en cualquier país
del mundo, estas libertades son básicas e imprescindibles para medir el
grado de democracia existente.

Después de escuchar las denuncias de casi una veintena de movimientos y
recibir las pruebas que avalan sus quejas por violaciones al precepto
constitucional de libertad sindical, los miembros del Jurado emitieron un
Informe Preliminar y la Declaración de Octubre, en la que recalcaron que el
Tribunal seguirá sus trabajos de manera permanente hasta finales de abril de
2010 en que se volverán a reunir para emitir su fallo final, que será dado a
conocer el 1 de mayo Día de los Trabajadores.

Por tanto, señala el Jurado del Tribunal en su Declaración, queda abierta la
invitación a todos las y los trabajadores, organizaciones gremiales y
sindicatos a que presenten sus casos para ser analizados. En respuesta a
eso, docentes universitarios de Puebla; trabajadores de la maquila del de
diversas ciudades del norte del país; secciones magisteriales del sur y
occidente del país y sindicatos de servicios e industriales han acudido ya a
solicitar la inclusión de su asunto en la agenda del Tribunal.

De acuerdo con la Declaración de Octubre, los miembros del Jurado de esta
instancia señalan que el Tribunal no pretende reemplazar a los tribunales e
instancias legales nacionales e internacionales relacionadas con esta
materia, sino coadyuvar a que éstas se apeguen y procedan con oportunidad
con base a la normatividad internacional en la impartición de justicia en
México, sobre todo cuando existen denuncias fundadas de que en los marcos
nacionales se falta al respeto o se vulneran de plano las normas básicas de
la libertad sindical por parte de las empresas y de la mayoría de las
autoridades laborales.

Agregan que no obstante el carácter preliminar del trabajo realizado hasta
ahora, las y los integrantes de este Tribunal podemos declarar que nos
encontramos preocupados, sorprendidos y hasta escandalizados por la gravedad
de las violaciones y la violencia contra los trabajadores que están
ocurriendo en México, y podemos ya afirmar lo siguiente:

   - Observamos graves, sistemáticas y sostenidas violaciones a
   prácticamente todas las normas y principios establecidos en los Convenios 87
   y 98 de la OIT , así como en la Constitución mexicana y las leyes del
   trabajo de este país
   - Más aún, vemos con gran preocupación que se vulneran también derechos
   civiles y humanos y garantías constitucionales junto con la violación de la
   libertad sindical
   - Constatamos una grave ruptura de la legalidad en numerosos órdenes por
   parte del gobierno federal
   - Observamos una institucionalización de la violencia contra todo
   movimiento de trabajadores que pretenda organizarse de manera autónoma o
   defienda esta autonomía frente a las empresas o el estado, e incluso la
   criminalización de la protesta y las dirigencias sociales
   - Observamos restricciones y coerción evidentes de la libertad de
   expresión, y el abuso de algunos de los grandes medios de comunicación en la
   tergiversación de los hechos reales e incluso de la mentira abierta

 En particular, no necesitamos esperar para expresar nuestra más profunda
preocupación y condena a las gravísimas violaciones a los derechos humanos,
laborales y sindicales de más de 44 mil trabajadores miembros del Sindicato
Mexicano de Electricistas, cometidas por el gobierno federal con el uso
incluso de la violencia por parte de fuerzas policiacas y militares, además
de una brutal campaña de algunos de los medios de comunicación contra el
sindicato y su contrato.

En el conflicto del SME, pero también en el caso que viene de tiempo atrás
del sindicato minero, así como en el de los maestros del DF y otros que
conocimos, consideramos que claramente ha sido quebrantado el estado de
derecho, agravando el descontento social producido por la crisis actual.

Llamamos al gobierno mexicano a restablecer el estado de derecho y
demandamos:

   - La abrogación del decreto de “extinción” y la reapertura de la empresa
   pública Luz y Fuerza del Centro, así como la salida inmediata de la Policía
   Federal y el ejército de sus instalaciones
   - La salida del personal que ilegalmente labora en las instalaciones de
   Luz y Fuerza del Centro y la reinstalación inmediata de los trabajadores
   miembros del SME con respeto a su contrato colectivo, del cual consideramos
   siguen siendo titulares legalmente
   - Establecer una mesa de diálogo social con alternativas apegadas a la
   Constitución y a las normas internacionales

 Es importante destacar también que a lo largo de los trabajos del Tribunal
Internacional de Libertad Sindical, además de los casos que se agregarán
para su estudio, se sumarán también diversas personalidades internacionales,
como el escritor Eduardo Galeano, la escritora Naomi Klein, el cineasta
Michael Moore y el abogado laboralista Oscar Ermida, quienes están por
confirmar su participación en las sesiones de abril de 2010.

<http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=36206424&postID=54111421899...>
    Recursos del Procampo a familia
del secretario de AgriculturaÉrika
Ramírez<http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/author/erika/>
1 Noviembre 2009

*Francisco Javier Mayorga Castañeda, su hermana Luz Teresa y su padre
Salvador Arturo Mayorga Cameros recibieron más de 14 millones de pesos del
Procampo, asesorías y sueldos. El dinero público –supuestamente destinado a
campesinos pobres– les fue entregado durante el sexenio foxista, cuando el
ahora titular de la Sagarpa era funcionario de la misma. Ello, a pesar de
que el artículo 6 de las Reglas de Operación de l a dependencia es
contundente: “Bajo ningún concepto podrán ser beneficiarios de los programas
los servidores públicos de la secretaría”; tampoco sus familiares hasta el
cuarto grado. Mayorga, además, fue contratado por adjudicación directa como
“asesor” en 2007 y 2008. Sus “servicios” costaron a Agricultura más de 1
millón 500 mil pesos*

El secretario de Estado Francisco Javier Mayorga Castañeda es, además de
servidor público, “agroempresario”, “asesor” y “campesino”. Bajo estas
modalidades el actual titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) obtuvo beneficios del
erario por 13 millones 923 mil 506 pesos, a partir de su ascenso a la cúpula
de la administración pública federal en el sexenio de Vicente Fox Quesada.

Mayorga Castañeda, el mismo que está obligado a cumplir las Reglas de Operación
de la Sagarpa y la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Públicos, permanece inscrito en el padrón de beneficiarios de los
programas de Apoyos Directos al Campo (Procampo) y de Apoyos y Servicios a
la Comercialización Agropecuaria (Aserca). Además, ha obtenido contratos por
adjudicación directa de la misma secretaría que encabeza.

Como director en jefe de Aserca –durante 2001 y 2002– percibió más de 175
mil pesos mensuales. Cuando ocupó por primera vez la titularidad de la
Sagarpa –en 2005 y 2006– obtuvo un sueldo de 205 mil pesos al mes. En esa misma
época el programa de combate a la pobreza en el sector rural le generó
ingresos anuales por 30 mil pesos.

Situado entre los principales beneficiarios del Procampo en Jalisco –de
donde es oriundo–, de 2000 a 2008 recibió en total 507 mil 573 pesos. De
éstos, 290 mil 796 pesos le fueron dados en su dualidad de funcionario y
“campesino”.

La información oficial, contenida en el *Padrón de beneficiarios de
Aserca*que publica la Sagarpa en el apartado
“Obligaciones de Transparencia” de su portal electrónico, revela que, junto
a Francisco Javier Mayorga, su hermana y socia en Industrias Melder, Luz
Teresa Mayorga Castañeda, recibió más de 416 mil pesos en los primeros ocho
años de la administración panista. Y a Salvador Arturo Mayorga Cameros,
padre del secretario, le fueron transferidos más de 251 mil pesos en el
mismo periodo.

Como asesor de Aserca –órgano desconcentrado de la Sagarpa, bajo la
administración de Ana Graciela Aguilar Antuñano–, Francisco Mayorga no ha
dejado de obtener recursos del erario. Apenas se separó por primera vez del
cargo, la dependencia le adjudicó tres contratos con los que obtuvo
ganancias por arriba de 1.5 millones de pesos en 2007 y 2008, de acuerdo con
las listas de “Contratos por asesorías” publicadas por la propia dependencia
en su página de internet.

A todo esto se le suman salarios por más de 8 millones de pesos durante los
cuatro años que ejerció funciones en el gobierno pasado: primas
vacacionales, aguinaldos, seguros de vida, pagos en alimentación, viáticos y
uso de telefonía celular.

José Narro Céspedes, diputado federal por el Partido del Trabajo, dice que
esto es una muestra de que el secretario de Estado “ha empezado mal su
administración”. Al tiempo que exhorta al funcionario a aclarar estas
transferencias ante la Secretaría de la Función Pública, señala que ha
perdido “toda autoridad moral frente al campesinado mexicano”.

Ascenso al poder

Secretario de Desarrollo Rural en Jalisco durante la gubernatura de Alberto
Cárdenas Jiménez, Francisco Javier Mayorga Castañeda fue convocado por
Vicente Fox Quesada para formar parte del equipo de transición que le
permitiría a este último asumir la Presidencia de la República en 2000.

Conformado el gabinete foxista con Javier Usabiaga Arroyo al frente de la
Sagarpa, Mayorga Castañeda ocupó el cargo de director en jefe de Aserca. Al
mismo tiempo se mantuvo en la dirección de sus empresas familiares:
Industrias Melder y Semillas Caloro, las cuales también se encuentran
inscritas en el registro de beneficiarios de Aserca.

El 28 de septiembre de 2005 relevó al llamado *Rey del ajo*. Salió en 2006 y
nuevamente retomó el mando de la secretaría el 7 de septiembre de 2009. El
presidente Felipe Calderón Hinojosa lo nombró secretario de Estado en
sustitución de su exjefe Alberto Cárdenas Jiménez. En todo ese tiempo que
estuvo formalmente “fuera” de la Sagarpa, Mayorga recibió subsidios y
contratos como asesor.

Según muestra la plataforma de investigación *Subsidios al campo* *en México
*, que elaboran organizaciones sociales como Fundar, Centro de Análisis e
Investigación, y la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras del
Campo (Anec), el mayor de ocho hijos que conforman la familia Mayorga
Castañeda aparece como uno de los principales subsidiados del Procampo en su
estado natal.

La herramienta digital, que contiene los padrones oficiales de la Sagarpa,
evidencia que de 2000 a 2008 el secretario recibió 507 mil 573 pesos en
Ameca, Jalisco. El dinero público que obtuvo se justificó por la siembra de
maíz.

Ubicado en el lugar 16 de los más de 2 mil 600 subsidiados en ese municipio,
los recursos que se adjudicó una vez que asumió la dirección de Aserca (de
2000 a 2002) y posteriormente la titularidad de la Sagarpa (2005 y 2006)
ascienden a 290 mil 796 pesos. Es decir que el 57 por ciento de los recursos
del Procampo los obtuvo cuando el “agroempresario” se desempeñaba como
servidor público.

Los reportes del programa social revelan que al también maestro en
administración de empresas se le entregaron 145 mil 398 pesos en 2000, 2001,
2002, 2005 y 2006, a través del Procampo Tradicional, y 81 mil 840 pesos más
de los subsidios asignados a la producción de maíz, en un área de 33
hectáreas.

Ya al frente de la Sagarpa, en 2005 y 2006 se allegó otros 63 mil 558 pesos
por la siembra del grano, mismos que representan el 50 por ciento de los
montos obtenidos a partir de 2004 y hasta el primer año del gobierno de
Felipe Calderón.

Mientras era subsidiado como agricultor en 2001 y 2002, con la clave CFGA001
(correspondiente al puesto de director en jefe de Aserca), también obtuvo
compensaciones por 175 mil 828.63 pesos mensuales. Así, en dos años,
Francisco Mayorga ganó 4 millones 219 mil 887.12 pesos por concepto de
sueldos, según cálculos basados en los datos contenidos en el Portal de
Obligaciones de Transparencia (POT) de la Sagarpa.

Luego, bajo el cargo de secretario de Estado –en 2005 y 2006– le fueron
depositados recursos millonarios, con la clave CFGA001, que le haría ganar 4
millones 922 mil 929.20 pesos. El monto corresponde a dos años de salario,
cuya percepción neta mensual ascendía a 205 mil 122.05 pesos..

Procampo y la familia

La hermana del titular de la Sagarpa, quien aparece como segunda al mando de
la empresa familiar Industrias Melder, ocupa el lugar 36 entre los 2 mil 684
campesinos subsisdiados en 2006. En tanto, su padre Salvador Mayorga Cameros
sigue enlistado en el Procampo, según muestra el documento electrónico
*Subsidios
al campo en México*.

De la siembra de maíz, caña de azúcar y del Procampo Tradicional, Luz Teresa
se allegó 416 mil 668 pesos en los primeros ocho años de los gobiernos
panistas. De estos recursos, la gerente de compras de la compañía de los
Mayorga obtuvo 254 mil 178 pesos; el 61 por ciento de los recursos se le
asignaron cuando su hermano ocupaba las oficinas de Aserca y luego la cabeza
de la secretaría.

Salvador Mayorga Cameros, de quien su vástago heredó cargos en asociaciones
agroempresariales, figura en los padrones de Aserca con 251 mil 928 pesos,
de 2000 a 2008. Durante las administraciones de su primogénito, el fundador
de Industrias Melder y expresidente de la Confederación Nacional Ganadera
obtuvo 149 mil 892 pesos, que significan el 59 por ciento de los traspasos
económicos con cargo a la hacienda pública.

De los 127 mil 124 pesos que aparecen dotados en el Procampo Tradicional, 74
mil 946 pesos fueron suministrados en las fechas en que Francisco Mayorga se
desempeñaba como representante del gobierno federal. Lo mismo ocurrió con 74
mil 946 pesos, asignados por el cultivo de pasto, de un total de 124 mil 804
pesos.

Asesor, por 1 millón de pesos

A su salida de la dirección de Aserca, Francisco Mayorga consiguió que esa
dependencia le asignara recursos públicos como “asesor”. Por este
concepto,en 2007 y 2008
obtuvo 1 millón 634 mil 211 pesos.

Su relevo al frente del órgano desconcentrado de la Sagarpa, Ana Graciela
Aguilar Antuñano, autorizó el primer contrato por adjudicación directa el 3
de septiembre de 2007. Bajo el folio 1385/2007-S, se cargaron al erario 326
mil 842 pesos, revela la relación de contratos de Aserca –de los que *
Contralínea* posee copia– y los datos contenidos en el POT de la Sagarpa.

Francisco Mayorga casi reúne 1 millón de pesos por concepto de “prestación
de servicios profesionales” cuando firma el contrato 1847/2007-S, que
significó un gasto de 653 mil 684 pesos del presupuesto del organismo en el
mismo año fiscal. La experiencia de Mayorga Castañeda serviría sólo cinco
meses, pues el contrato comenzó el 5 de noviembre de 2007 y concluyó el 30
de abril del siguiente año.

Un tercer contrato le fue entregado sin concurso de por medio, y permanecía
vigente el día en que Felipe Calderón Hinojosa lo nombró titular de la
Sagarpa. El POT de la dependencia muestra que, el 26 de mayo de este año, la
directora en jefe de Aserca convino recontratarlo como asesor, con otros 653
mil 684 pesos erogados del presupuesto. Con vencimiento al 31 de octubre de
este año, su compromiso culminará 55 días después del nombramiento hecho por
Calderón Hinojosa el 7 de septiembre pasado.
Empresas familiares

El 4 de octubre de 2009, C*ontralínea* documentó que las empresas del
secretario –Industrias Melder y Semillas Caloro– recibieron “apoyos”
económicos por 2 millones 855 mil 683 pesos de la Sagarpa, de Economía y del
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), durante el mismo lapso
en el que fungió como funcionario federal en Aserca y la propia secretaría.

Mediante 16 subsidios de tres programas de apoyo operados por el gobierno
federal, más del 60 por ciento de los recursos le fueron entregados en su
desempeño como servidor público. Los padrones de beneficiarios de Aserca
revelan que Industrias Melder obtuvo 1 millón 727 mil 33 pesos en 2000, 2005
y 2006, con 10 traspasos monetarios.

Mexicana Industrial de Insumos Agropecuarios o Semillas Caloro –en la que
Francisco Mayorga aún figura como presidente del Consejo de Administración–
obtuvo 845 mil 999 pesos a través del Conacyt. Mientras, la Secretaría de
Economía entregó a esta misma compañía 14 mil 928 pesos en 2004,
consta enel listado de beneficiarios del Fondo de Apoyo a las Pequeñas
y Medianas
Empresas.

Luego de hacerse públicos estos subsidios, fuentes de la Presidencia de la
República señalan que el secretario de Agricultura fue llamado a la
residencia oficial de Los Pinos. Felipe Calderón exigía una explicación. Las
fuentes comentan que el presidente estaba tan molesto que llegó a plantear
la destitución del funcionario. No obstante, después de rendir cuentas a
puerta cerrada, todo habría quedado en un “regaño”.

Max Correa, secretario general de la Central Campesina Cardenista, dice que
estos arreglos son un *secreto a voces*, de los que el gobierno ha hecho.
“Se sabe que más de 6 mil millones de pesos de los programas de apoyo a la
comercialización van a parar a los bolsillos de las grandes empresas. Esto
es indignante”.
Secretario desobediente

Las Reglas de Operación de la Sagarpa ordenan a todos sus funcionarios que
“bajo ningún término” pueden ser beneficiarios de los programas operados en
todos los niveles de gobierno.

Publicadas el 31 de diciembre de 2008, las reglas internas de la secretaría
indican puntualmente en su artículo 6: “Con sujeción a las disposiciones que
prevean las legislaciones federal y estatales aplicables en materia de
responsabilidades de los servidores públicos, bajo ningún concepto podrán
ser beneficiarios de los programas y componentes de las presentes reglas de
operación los servidores públicos de la secretaría, de los agentes técnicos
o las secretarías de desarrollo agropecuario o sus equivalentes de las
entidades federativas o de los municipios.

“Aquellos servidores públicos que por motivo de su encargo participen en
cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los
que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllos de
los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes
consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o parientes civiles, o
para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de
negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las
personas antes referidas formen o hayan formado parte, deberán excusarse de
intervenir.

“Los servidores públicos deberán informar de inmediato y por escrito a la s
ecretaría respecto de la atención, tramitación o resolución de asuntos
relacionados con el párrafo anterior y, en su caso, su calidad de
beneficiario de cualquiera de los programas o componentes a que se refieren
estas reglas”, indica la normativa con la que se deberían regir todos los
funcionarios de la Sagarpa.

Bajo el mismo tenor se encuentra el capítulo I de la Ley Federal de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que ordena en
su artículo 8, fracción XI, que todo funcionario debe “excusarse de
intervenir, por motivo de su encargo, en cualquier forma en la atención,
tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal,
familiar o de negocios, incluyendo aquéllos de los que pueda resultar algún
beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad hasta
el cuarto grado, o parientes civiles, o para terceros con los que tenga
relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o
sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas
formen o hayan formado parte”.

Indica que el funcionario podría incurrir en conflicto de intereses cuando
“los intereses personales, familiares o de negocios del servidor público
puedan afectar el desempeño imparcial de su empleo, cargo o comisión”.

En tanto, el inciso A del artículo 9 de la misma ley precisa: “El servidor
público que deje de desempeñar su empleo, cargo o comisión deberá observar,
hasta un año después de haber concluido sus funciones, lo siguiente: en
ningún caso aprovechará su influencia u obtendrá alguna ventaja derivada de
la función que desempeñaba, para sí o para las personas a que se refiere la
fracción XI del artículo anterior”.

Víctor Suárez Carrera, representante de la Asociación Nacional de Empresas
Comercializadoras del Campo, critica los subsidios que ha cobrado Mayorga
Castañeda: “Esto es una ofensa para el campesinado, un problema ético y de
conflicto de intereses”.

Indica que las autoridades correspondientes deben revisar a fondo la
presencia del secretario en los padrones del Procampo, además de tomar
acciones al respecto. Para el dirigente de la Anec, ese programa del que se
beneficia el titular de la Sagarpa debe ser un garante de la soberanía
alimentaria y de apoyo a los que menos recursos tienen.

“Desafortunadamente –dice Suárez Carrera–, el trabajo de Mayorga Castañeda
se rige por la doctrina neoliberal, tanto por su formación académica como por
ser empresario comercializador de granos. No ha reconocido que el país
necesita profundizar el apoyo para los pequeños productores de temporal. De
esta manera, salir de la crisis económica y

alimentaria que padecemos”.
Un tecnócrata en el campo

Nacido el 17 de abril de 1951, Francisco Javier Mayorga Castañeda es maestro
en administración de empresas por el Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey, plantel Guadalajara. Con una formación de apertura
de mercados, el ahora secretario de Agricultura apresura la siembra de
organismos genéticamente modificados, se niega a la renegociación del
Tratado del Libre Comercio y apoya la extinción de la compañía de Luz y
Fuerza del Centro.

Entre sus primeras acciones al frente de la Sagarpa destaca la aprobación de
siembra experimental de maíz transgénico, que beneficiará a trasnacionales
como Monsanto en perjuicio del sector agropecuario nacional. El 15 de
octubre pasado, la secretaría hizo público el anuncio al que organizaciones
ambientalistas, campesinas y de derechos humanos se han opuesto, pues
consideran que los organismos genéticamente modificados perjudican la salud
de los seres humanos, al medio ambiente y a la economía de los pequeños
agricultores.

Cuatro días antes, fue uno de los 10 signatarios del decreto presidencial
que liquidó Luz y Fuerza del Centro y dejó en el desempleo a más de 40 mil
trabajadores. Entre los argumentos que avaló el secretario ­–que obtiene
recursos públicos bajo las figuras de “campesino”, “agroempresario” y
servidor público–fue que el exorganismo descentralizado de la administración
representa “un costo tan elevado que no resulta conveniente para la economía
nacional ni para el interés público”. (ER)

<http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=36206424&postID=83138986134...>
    Publicidad oficial: 5 MMDP en premios y castigosMayela
Sánchez<http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/author/mayela/>
1 Noviembre 2009

*En 2008 el gobierno federal gastó más de 5 mil millones de pesos en
publicidad. El 62 por ciento de estos recursos se destinó a televisión,
radio y medios impresos. Los medios electrónicos se vieron favorecidos con 2
mil 731 millones de pesos. A pesar de los cuantiosos montos que se asignan a
la publicidad gubernamental, no hay reglas claras para su distribución y
asignación. Este manejo discrecional ha propiciado que la publicidad oficial
se use como un mecanismo para controlar los medios, señalan especialistas*

  El gobierno federal gastó 5 mil 473 millones 476 mil 490 pesos en
servicios de comunicación social y publicidad en 2008, lo que equivale a 1.4
veces el presupuesto que recibió la Universidad Autónoma Metropolitana el
mismo año.

 El 52.3 por ciento de ese monto fue erogado por las secretarías de Turismo
y de Hacienda y Crédito Público (SHCP). La Secretaría de Turismo, cuya
próxima extinción fue planteada como parte del plan de ahorro del gobierno
federal, gastó en publicidad 1 mil 464 millones 248 mil 30 pesos, mientras
que la entidad responsable de las finanzas públicas destinó a la promoción
de sus programas 1 mil 401 millones 302 mil 780 pesos.

 Pese a los millonarios montos que año tras año las dependencias del
gobierno federal han gastado en publicidad, no existe una reglamentación que
establezca mecanismos para su asignación en los medios de comunicación. Esta
ausencia en la normatividad ha propiciado que la distribución de las pautas
publicitarias sea un ejercicio discrecional de la autoridad, que puede
maximizar o minimizar la recepción de publicidad con base en consideraciones
generalmente de orden político, dice el doctor Ernesto Villanueva,
investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, donde
coordina el área de derecho de la información.

 “La publicidad oficial puede suponer por sí misma una fuente de poder que
eventualmente podría utilizarse para satisfacer intereses ajenos al bien
común. Esta posibilidad se incrementa cuando los criterios de asignación
publicitaria son definidos en forma casuística y discrecional por las
autoridades competentes”.

 De acuerdo con información proporcionada por la Secretaría de Gobernación a
través de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, los anuncios en televisión, radio, periódicos y revistas
costaron al erario público 3 mil 373 millones 322 mil 540 pesos, que
equivaldrían a la mitad de lo que el gobierno federal propuso para apoyos a
pequeñas comunidades rurales el año pasado.

 Preponderancia de medios electrónicos

 Las televisoras y radiodifusoras fueron las principales destinatarias de la
propaganda oficial. En conjunto, las dependencias federales destinaron 1 mil
752 millones 387 mil 30 pesos a anuncios en televisión y 978 millones 834
mil 640 pesos a publicidad en radio, lo que representó el 81 por ciento del
total asignado a medios masivos de comunicación.

 De las televisoras, la empresa Televisa fue la que más recursos recibió,
sumando 917 millones 422 mil 130 pesos. El segundo lugar lo ocupó TV Azteca,
con 558 millones 536 mil 920 pesos. Si se añadieran los 26 millones 390 mil
940 pesos que recibió Proyecto 40, la factura total de las empresas de
Ricardo Salinas Pliego ascendería a 584 mil 927 millones 860 pesos. Es decir
que a estas dos televisoras se les otorgó el 85.7 por ciento de las pautas
publicitarias de televisión.

 Las radiodifusoras que más facturaron fueron Grupo Radiofórmula/RAMSA con
120 millones 120 mil 510 pesos; Radiorama con 81 millones 595 mil 50 pesos;
la cadena Grupo Radiocentro/OIR/Grupo Radioméxico con 74 millones 121 mil 30
pesos; Grupo Imagen con 58 millones 454 mil 980 pesos, y Radiomil
Comunicaciones con 57 millones 484 mil 920 pesos. En suma, se trata del 40
por ciento del monto total que se asignó a 149 empresas de radiodifusión.

 Los periódicos recibieron el 14 por ciento, equivalente a 478 millones 155
mil 950 pesos. Lo destinado a revistas sumó 163 millones 944 mil 920 pesos,
apenas el 5 por ciento del presupuesto destinado a publicidad.

 De acuerdo con las órdenes de inserción emitidas en 2008 por las
secretarías de Gobernación (Segob), Salud (Ssa) y Hacienda, de las que *
Contralínea* tiene copia, las tres dependencias gastaron en publicidad en
medios impresos 75 millones 934 mil 213.37 pesos. Eso significa que de su
presupuesto de 218 millones 94 mil 520 pesos, Segob gastó 5.8 por ciento en
promocionarse en periódicos y revistas. De los 1 mil 401 millones 302 mil
780 pesos que Hacienda recibió, destinó apenas 2.3 por ciento a medios
impresos, mientras que las inserciones en diarios y revistas significaron
para la Secretaría de Salud una erogación del 9.2 por ciento de los 327
millones 191 mil 450 pesos que recibió del erario para publicitarse.

 El periodista Don Podesta, consultor del Center for International Media
Assistance (Centro Internacional de Ayuda a Medios), dice que en años
recientes el uso de la publicidad oficial se ha convertido en una nueva
vertiente del uso del dinero para controlar los medios de comunicación.
Conocida como “censura indirecta o *suave*, se trata de una manera de
influir sin tener directamente el control del medio”, pero que favorece con
contratos publicitarios a los medios de comunicación que son
condescendientes con el gobierno y se los niega a aquéllos que se expresan
de forma crítica.

 En 2003, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos advertía de la incidencia de esta
práctica, que no da lugar a investigaciones ni ha merecido la reprobación
generalizada debido a que, con frecuencia, se trata de “obstrucciones
oscuras, impuestas silenciosamente”.

 Inequidad publicitaria

 La relatoría señalaba que los gobiernos utilizan la propaganda pagada para
incidir en el comportamiento social de los ciudadanos a través de la
difusión de sus programas y campañas, por lo que el Estado debe usar los
medios informativos que lleguen de manera más eficaz a los sectores que
quiere impactar, independientemente de su contenido editorial.

 Sin embargo, la falta de criterios claros para quienes son favorecidos o
excluidos de tales beneficios genera un condicionamiento implícito de los
medios, de acuerdo con el director de la Fundación Manuel Buendía y de
la *Revista
Mexicana** de Comunicación*, Omar Raúl Martínez.

 “Lo más preocupante radica ahora en que a los medios impresos en general se
les reduce cada vez más la poca publicidad. Hoy día es un hecho que la mayor
parte de las revistas ajenas a los grandes grupos mediáticos están siendo
excluidas y arrinconadas en los planes de publicidad gubernamental. En otras
palabras: muchas revistas políticas, culturales y especializadas, que no
están supeditadas a los poderes fácticos, están siendo afectadas por esta
falta de equidad publicitaria. Es el caso, por ejemplo, de la *Revista
Mexicana** de Comunicación*, que al igual que otras publicaciones
especializadas, ciertamente no imprime tirajes masivos pero aporta
contenidos para crear masa crítica”.

 Las órdenes de inserción de las tres dependencias señaladas, muestran que
de 2 mil 797 inserciones publicitarias, sólo una quinta parte (578) fue para
revistas. Y que de los más de 75 millones de pesos que se gastaron en
publicidad en medios impresos, las revistas recibieron poco más de 28
millones de pesos, equivalentes al 37 por ciento del total.

 Fueron 137 las revistas que percibieron recursos por publicidad
gubernamental, cuyos montos variaron de los 8 mil pesos a casi 1 millón y
medio de pesos. *Letras Libres*, *TV Notas*, *Ganar Salud *y *Tv y
Novelas*son las únicas cuatro publicaciones que facturaron más de 1
millón de pesos;
en los cuatro casos, los mayores montos (superiores a los 500 mil pesos)
provinieron de la SHCP.

 *TV Notas* obtuvo de esa secretaría 777 mil 977.14 pesos por cinco
anuncios; *Tv y Novelas* recibió 768 mil 706 pesos por siete inserciones;
por anunciarse 10 ocasiones en *Ganar Salud*, la secretaría pagó 623 mil 300
pesos; y por hacerlo nueve veces en *Letras Libres*, erogó 569 mil 250
pesos.

 La Segob entregó su mayor pago (326 mil 600 pesos) a *Letras Libres*. Sin
embargo, no fue ésta la que tuvo más inserciones de la dependencia entre sus
páginas, sino la revista *Zócalo*, con ocho. *Letras Libres* anunció a la
Segob en cinco ocasiones, al igual que *Día Siete*, *Vértigo*, *Tiempo Libre
* y *Libro Vaquero*.

 En el caso de Ssa sí coincidió que la publicación con la mayor cantidad de
inserciones fuera también la que más dinero recibió. Se trató de la revista
*ONG’s*, a la que Ssa entregó 976 mil 925 pesos por 14 pautas.

 El caso de los periódicos

 En lo que respecta a los periódicos, de estas tres dependencias recibieron
47 millones 903 mil 89 pesos. Ocho grupos editoriales recibieron poco más de
la mitad de estos recursos.

 Ediciones del Norte, SA de CV, que edita los diarios *El Norte*, *El Metro*,
*Mural*, *AM*, *Metro*, *Reforma* y el suplemento *Primera Fila*, facturó
por propaganda de las tres entidades gubernamentales 5 millones 496 mil
625.3 pesos; la Organización Editorial Mexicana, SA de CV, que agrupa a la
treintena de ediciones locales de la Compañía Periodística El Sol de México,
así como al diario *Esto*, obtuvo pautas publicitarias por 3 millones 538
mil 584.7 pesos; El Universal Compañía Periodística Nacional, SA de CV, que
imprime los rotativos *El Universal* y *El Gráfico*, recibió 3 millones 485
mil 210.9 pesos; mientras que el grupo Milenio Diario, SA de CV, facturó 3
millones 12 mil 114.5 pesos, incluyendo los 543 mil 468.9 pesos por
publicidad en su revista *Milenio Semanal*.

 Al periódico *La Jornada* y sus ediciones locales de Morelos, Michoacán,
Puebla y San Luis Potosí se les pagaron 2 millones 563 mil 93.6 pesos por
publicidad; Medios Masivos Mexicanos, SA de CV, que edita diarios locales de
Aguascalientes, Chihuahua, Tabasco, Colima, Oaxaca, Querétaro, Sinaloa y
Baja California, sumó 3 millones 244 mil 993.1 pesos por inserciones;
mientras que los periódicos capitalinos *El Economista* y
*Excélsior*obtuvieron 2 millones 51 mil 722.5 pesos y 2 millones 12
mil 770 pesos
respectivamente.

 De las tres dependencias referidas, la que más inserciones en periódicos
pagó fue SHCP, al costear 1 mil 183 anuncios con poco más de 21 millones y
medio de pesos. Segob pagó 8 millones 193 mil 580.72 pesos por 674 anuncios,
mientras que Ssa gastó 18 millones 202 mil 315.48 pesos para promocionarse
en 362 ocasiones.

 Ni ley ni libertad

 En su libro *Publicidad oficial: transparencia y equidad*, Villanueva
argumenta que la falta de normatividad en la asignación publicitaria genera
procesos de inequidad, toda vez que “la distribución equitativa de la
publicidad oficial no sólo tiene incidencia en el principio de la libre
competencia, sino también afecta el derecho a una información veraz y la
igualdad de todos ante la ley”.

 Valoraciones similares han sido hechas por organismos internacionales como
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la organización no
gubernamental Freedom House. En el punto 13 de su Declaración de Principios
sobre la Libertad de Expresión, la Comisión ha señalado que las presiones
dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores, ya sean
directas o indirectas, “son incompatibles con la libertad de expresión”.

 Asimismo, menciona que los mecanismos cuyo propósito es “presionar y
castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios
de comunicación en función de sus líneas informativas (…) deben estar
expresamente prohibidos por la ley”.

 En su informe de 2008 sobre libertad de prensa en el mundo, Freedom House
catalogó a México como un país “parcialmente libre”. Entre las razones que
abona para situarlo como tal, se encuentra “la presión oficial, tanto
estatal como federal, para controlar la publicidad”.

 Villanueva, doctor en derecho y en comunicación, considera que los límites
a la publicidad oficial deben establecerse en una normativa lo
suficientemente clara, que establezca las pautas y criterios que debe seguir
la autoridad para contratar y distribuir la publicidad del gobierno, para
que ésta no sea discrecional, se evite la sospecha de favoritismos políticos
e inhiba los actos de corrupción. También propone que el objetivo de las
campañas publicitarias oficiales tiene que responder a necesidades concretas
y reales de comunicación, y que la norma jurídica establezca la creación de
un “órgano independiente honorífico” responsable del manejo de la
publicidad.

 Un intento por acabar con la discrecionalidad publicitaria fue emprendido
en 2007 por los legisladores perredistas Carlos Sotelo García y Valentina
Batres Guadarrama, quienes promovieron una iniciativa de ley para regular la
publicidad del Estado. En ella se proponía la regulación publicitaria en
todos los niveles de gobierno; considerar cobertura y características de la
audiencia para la asignación porcentual de publicidad, establecida según el
tipo de medios; fijar tarifas únicas aplicables a todos los medios y
modalidades de contratación; y determinar sanciones a los servidores
públicos responsables en caso de violación de estas normas. Pero la
iniciativa quedó pendiente de dictamen.

 Medios, “sin andaderas”

 Si bien especialistas como Raúl Trejo Delarbre, Villanueva y Podesta
coinciden en que el sostenimiento económico de los medios no debe
fundamentarse en los recursos que recibe de la publicidad gubernamental,
reconocen la enorme incidencia que esta práctica tiene actualmente en las
finanzas de las empresas mediáticas. Villanueva acota que este tipo de
publicidad funciona para “cumplir una necesidad comunicativa entre el Estado
y la población, particularmente mediante la difusión de opiniones e
informaciones por parte del Estado, para permitirle a la población dirigir
su conducta hacia derroteros ciertos”.

 En contraste, el doctor Trejo Delarbre, investigador del Instituto de
Investigaciones Sociales y presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a
la Información, considera que ya es tiempo de plantear la cancelación
absoluta de la propaganda del gobierno en cualquier medio de comunicación,
pues argumenta que no hay motivos sociales reales que justifiquen que las
instituciones públicas, incluidas las educativas y los organismos autónomos,
“gasten dinero estatal para promocionar sus logros”.

 No obstante, manifiesta que sí debe existir una política de respaldo a la
prensa, pero que funcione a través de subsidios y no de inserciones
publicitarias. “Hay que dejar que aprenda a andar por sí sola”.

 Podesta, quien recientemente publicó el informe *Soft Censorship: How
Governments Around the Globe Use Money to Manipulate the Media (Censura
suave: cómo los gobiernos del mundo usan el dinero para manipular a los
medios)*, aborda una óptica distinta y asegura que es al ciudadano a quien
se debe proteger, “pues los gobiernos no tienen mucho interés en cambiar la
situación, porque pierden una manera de manipular, y en muchos casos los
mismos medios están en contra de los cambios”.

 La conclusión de Omar Raúl Martínez es que el Congreso debe atender este
debate sobre publicidad oficial y medios de comunicación, pues “de seguir
este soslayo hacia ellos por la carencia de transparencia y equidad en la
asignación de recursos públicos, se estaría debilitando uno de los
principales soportes y estímulos de nuestra incipiente democracia: la prensa
crítica”.

  *Gasto en publicidad del gobierno federal en
2008*<http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2009/11/01/publicid...>

<http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=36206424&postID=67066838731...>
    La tragedia de la plataforma UsumacintaAna Lilia
Pérez<http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/author/ana/>
1 Noviembre 2009

*Las muertes en altamar, las horas de pánico, la confusión, el miedo, el
último aliento: los testimonios de los trabajadores que narran la tragedia
de la plataforma Usumacinta en la Sonda de Campeche, pruebas clave contra el
Estado mexicano, y la negligencia de Pemex, cuyo caso revisa la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos en Washington*

  A 18 kilómetros de la costa, al norte de Frontera, Tabasco, aquel mediodía
del martes 23 de octubre de 2007 la Sonda de Campeche se crispó cuando una
fuga de gas sulfhídrico comenzó a invadir la plataforma Usumacinta. Dos días
atrás, la vieja plataforma había sido posicionada junto a su similar, la
tipo Sea Pony Kab-101 –propiedad de Petróleos Mexicanos (Pemex)–, para
terminar de perforar el pozo Kab-103.

 Desde muy temprano, el cantilever de la plataforma Usumacinta (el armazón
central de la plataforma) había golpeado la parte superior del árbol de
válvulas (árbol de producción) del pozo Kab-101, generando la fuga. Nunca
sonó la alarma, pero algunos trabajadores escucharon al personal de
operación hablar del incidente y los vieron bajar al piso de producción a
cerrar las válvulas subsuperficiales de seguridad de los dos pozos. Más
tarde, el árbol de válvulas del Kab-121 presentó dos fugas de petróleo y
gases asociados, una de ellas muy abundante porque una válvula estaba
degollada.

 En poco tiempo, el pozo estaba fuera de control. A las 15:30, los
superintendentes Miguel Ángel Solís Rodríguez, de Pemex, y Guillermo Porter
Rodríguez, de Perforadora Central, dieron la orden de evacuar. A un lado de
la plataforma yacían dos botes salvavidas, llamados *mandarinas*, que serían
refugio y transporte para el traslado a una embarcación más grande o a los
helicópteros que los llevarían a puerto seguro.

 Arreciaba el frente frío 4; en las siguientes horas el lugar se convirtió
en el *último infierno* para los 73 trabajadores. De ellos, sólo 51
sortearían el temporal. Las autopsias oficiales dicen que murieron ahogados
seis de Pemex, 10 de Perforadora Central, cuatro de Servicios de Comisariato
(Sercomsa), empresa filial del Grupo Protexa, y dos del Morrison Tide, uno
de los barcos que participó en las operaciones de rescate.

 Las versiones de los sobrevivientes dicen que antes de ahogarse, algunos
estaban engasados, intoxicados, traumatizados. El informe del Battelle
Memorial Institute, conocido como *Informe Battelle*, dice que, aunque “hay
testimonios que sugieren que (además del ahogamiento) hay otras causas que
pudieron haber sido las responsables (de las muertes), nunca lo sabremos con
completa certeza”.

 En la Recomendación 14/2009, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH) acreditó que por negligencia de Pemex murieron los superintendentes
Miguel Ángel Solís Rodríguez y Guillermo Porter Rodríguez; el intendente,
José Ramón Granillo Jiménez; los ayudantes de perforación Leandro Manuel
Hernández Pozo, José Hugo Hernández Flores, Ricardo Bustamante Bautista,
Allende Alcudia Olan, Guadalupe Frías Ovando, Carlos Arturo Gurrión Toledo,
Jorge Alfonso Barrancos Dzul y Francisco Abreu Villanueva.

 Además, Martín González Mijangos, auxiliar administrativo; el médico José
Luis Sánchez Rodríguez; los motoristas Juan Luis Martínez Palacios y Omar
Gerardo Andrade Zárate; el gruero Mario Efrén Flores Rodríguez; los
cocineros María del Carmen Aguilar Sánchez y Aroer May Jiménez; el lavandero
Benito de los Santos Santos; el lavalozas Juan Felipe Figueroa Jiménez, así
como dos rescatistas del Morrison Tide. Todos oriundos del Estado de México,
Veracruz, Tamaulipas, Tabasco y Campeche.

 Con el tiempo, los muertos quedaron reducidos a cifras oficiales. Eso,
explican a *Contralínea* los deudos, es uno de tantos agravios a los que han
sido sometidos por Pemex y las contratistas, que se negaron a indemnizarlos.
Por ello, recientemente acudieron ante la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH), que en su sede en Washington revisará las
circunstancias de las muertes, relatadas por las víctimas que viven para
contarlo.

 Maribel

 Con más de 21 horas en medio de la tempestad, Maribel vio desfallecer casi
a todos. Al interior de la *mandarina* número 2, la que durante las primeras
dos horas de navegación se rompió en alta mar, dejando una estela de
ahogados, ella fue la última en ser rescatada con vida.

 Como la mayoría de sus compañeros de Serconsa, filial de Protexa, se
embarcó el 12 de octubre para el cambio de turno en la Usumacinta. Protexa
suministraba alimentos y daba servicios a la plataforma. La víspera del 23
de octubre se hallaba en la zona de dormitorios junto a su amiga María del
Carmen Aguilar Sánchez, de oficio cocinera. Quince minutos antes del medio
día, escucharon la orden de subir al helipuerto, la zona más alta de la
plataforma, porque había una fuga de gas sulfhídrico. A medida que
transcurrían los minutos, se hacía más intenso el olor a huevo podrido,
peculiar del tóxico. Las alarmas no sonaron, nadie las recuerda.

 Desde las 11:41 horas, según el reporte oficial de Control Marino, los
superintendentes solicitaron la autorización para evacuar la plataforma.
Pemex la aprobó casi tres horas después. Desde el helipuerto, llenos de
pánico, los trabajadores veían los fallidos intentos de controlar la fuga
que precedió a la explosión. A las 15:30 horas les ordenaron subir a las *
mandarinas*. Maribel y María del Carmen abordaron la número 2. El bote
derramaba aceite abundantemente y las escotillas estaban parchadas con
silicón. El agua las reventó, en segundos comenzó a colarse a chorros.

 A las 16:30 se abrió la escotilla del timonel. El olor a gas y aceite
invadió la *mandarina*, luego se trabó el timón, y el bote fue volteado por
una ola. A medida que el agua era más copiosa, se desvanecía la luz al
interior del armatoste de fibra de vidrio. Entre el ulular de la tormenta se
escuchaban los gritos de pánico y desesperación. Luego, todo se volvió
negro. Envuelta en el abismo, Maribel pensó que se había quedado sola, hasta
que escuchó la débil voz de Carmen: no sabía nadar, requisito básico para
trabajar en las plataformas, aunque sí tenía una libreta de mar que lo
acreditaba, expedida por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes,
exhibida por Protexa ante Pemex y avalada por la paraestatal.

 “Yo le decía que se bajara porque ya no se escuchaban voces, ella tenía
mucho miedo, decía que se iba ahogar. Yo le gritaba que dónde estaba,
escuchaba su voz, repetía que tenía miedo, que se iba ahogar… hasta que dejé
de escucharla. Luego oí a Hugo Hernández Flores, compañero de Pemex. Él me
decía que ya no podía más, que estaba muy cansado. Estuvimos hablando. Le
pedí que luchara, que no se diera por vencido, pero él me decía que no, que
estaba muy cansado. ‘Ya no puedo más Maribel’; ‘¡Tienes que aguantar, tienes
que luchar! ¡Hugooooooo!’… Dejé de escuchar su voz.

 “Después escuché que alguien tosía. Era mi amigo Juan Felipe Figueroa, el
lavalozas… ‘Maribel, ¿nos vamos a morir verdad?’, me decía. ‘No Juan, no
digas eso’. Intentaba darle ánimos. ‘No, Maribel, nos vamos a morir, nadie
va a rescatarnos’. ‘No, Juan, no digas eso. ¡Ten fe!’. ‘Maribel, mi chaleco,
¡es que no lo traigo! ¡Lo traigo amarrado en el brazo!’. Le decía que
tratara de ver otro chaleco, porque ya se sentía la gente muerta en el bote.
Su voz era débil, estaba muy cansado. Le roncaba mucho el pecho. Yo le seguí
hablando hasta que el agua nos cubrió.

 “El agua entraba y salía. ‘¿Juan? ¡Aguanta Juan!… ¡Aguanta!’. Mis gritos
fueron en vano. Grité hasta cansarme. Mi amigo Juan ya no pudo más: estaba
muy cansado. Después supe que padecía asma. Y entonces me quedé sola; estaba
sola con los muertos. Pasé allí 16 horas y media. Estuve luchando por ratos.
Lloraba. Nunca dejé de rezar. No quería morirme. Luchaba, porque a cada
momento entraba el agua y cada que entraba sentía que me iba ahogar. Así
estuve hasta que me rescataron el miércoles a las 6:30 horas. Tuvieron que
abrir un boquete para que pudiera salir. Me rescataron por una breña que se
llama San Pedro (Barra de San Pedro en el municipio de Centla, Tabasco).
Caminamos hasta un helicóptero de Pemex que me trasladó a las 8:30 horas”.

 El reporte oficial indica que Maribel Bolaños fue la última persona
rescatada de la *mandarina* número 2, la cual quedó totalmente destrozada. A
las 8:16 horas del 24, fue transportada por el helicóptero con matrícula
XA-UAC a Ciudad del Carmen. Sus compañeros y amigos, María del Carmen,
Aguilar, Hugo Hernández y Juan Figueroa, fueron encontrados muertos junto
con otras 11 personas.

 Christian

 “El día del accidente me tocó subir con los primeros a la *mandarina* 1. Al
tomar nuestros equipos salvavidas, estaban encadenados y amarrados, nos
costó trabajo usarlos. Cuando hacíamos los simulacros, nada más llegábamos
al punto de evacuación total de la plataforma, pero en ningún momento se
entraba a la *mandarina*. En el accidente no sonaron las alarmas. Cuando
esperábamos para salir al helipuerto, los aires estaban muy fuertes. Estaban
viendo si podían comunicarse a tierra con la gente de Pemex para controlar
la fuga. En poco tiempo ya era penetrante el olor a gas, fue cuando de
Perforadora Central dieron la orden de evacuar el helipuerto.

 “Ese día se mandó llamar un barco que nos iba a rescatar, pero por cuestión
del oleaje no se pudo acercar, entonces iba a estar en la periferia de la
plataforma, porque si nosotros bajábamos a las *mandarinas*, allí ellos nos
iba a rescatar.

 “Por fuera, las *mandarinas* se ven bien. Tienen que servirte para evacuar
la plataforma y llegar a un punto seguro para ser rescatado, pero en este
caso no cumplió su cometido ya que a una hora de estar allí el oleaje nos
viró y no sólo entró agua, sino que la misma ola rompió la parte de arriba;
el que la venía maniobrando perdió una oreja.

 “En ocho meses de trabajar con Serconsa, era mi cuarta subida a esa
plataforma. Yo ya había estado en otra plataforma, una de *gringos*, allí sí
tienen sistema de seguridad, es más, hasta la vestimenta para salir a los
simulacros se tiene que cumplir tal y como es, porque si no te regañan.
Quizá por esa disciplina yo aprendí muchas cosas del uso de los equipos.

 “Mi trabajo es administrativo; el día 23 subí porque tenía que entregar una
documentación. A las 9:00 horas escuché a los superintendentes comentar que
tenían que volver a llamar a los barcos remolcadores porque la plataforma
había quedado mal posicionada. Por ende, desde que se hizo la maniobra para
ubicar a la plataforma, había quedado mal. Por personal de Pemex yo sabía
que ese pozo ya estaba perforado, nada más era quitarle tres tapones.
Personal de contraincendio me había comentado que en ese pozo existía un
alto índice de gas sulfhídrico, que la maniobra tendía a ser peligrosa”.

 * ¿Hicieron algo para prevenirlo?

 * No, lo único fue que días antes de que se estuviera moviendo la
plataforma del pozo empezaron a bajar a gente de la misma plataforma, porque
en la navegación no puede haber tanta gente a bordo; precisamente antes de
que se suscite cualquier tipo de accidente. De hecho, la movilización de la
plataforma se pretendía antes del lunes, ya que se sabía de antemano que el
lunes en la noche entraba el frente frío.

 * ¿Sabían que vendría el tiempo frío y aun así los trasladaron?

 * Así es. Un día o dos días antes nosotros llegamos al nuevo pozo. La
Capitanía de Puerto dio el permiso para tres barcos que fueron los que
remolcaron la plataforma, uno de Oceanografía, otros dos no recuerdo de qué
compañía eran.

 El parte oficial indica que, en los primeros 30 minutos de navegación, el
agua comenzó a inundar la* mandarina* 1. Los conductores trataron de
acercarla al barco Morrison Tide para que los rescatara. Cuando estaban a
menos de 50 metros, desde el barco les lanzaron un mecate, pero se reventó y
el bergantín golpeó la* mandarina*. Cuando el agua les llegaba a las
rodillas, en desbandada, la tripulación buscó la forma de salir.

 Domingo Corona Moreno, de Perforadora Central, fue el primero en ser
rescatado: aproximadamente a las 14:00 horas lo subieron al barco, pero uno
de los tripulantes se lesionó en cubierta y otro murió al poco tiempo. Otros
dos fueron lanzados al mar por el oleaje, uno murió y el otro fue rescatado
más tarde por el buque Isla del Toro.

 Christian Felipe Jesús Priego no fue rescatado sino hasta las 8:04 horas
del día siguiente, junto con el trabajador de Pemex Fernando Cervera
Ramírez, con quien alcanzó la playa. Los traslado el helicóptero con
matrícula XA-GFT.

 Óscar

 Cuando las manecillas del reloj marcaban las 11:30 horas, Óscar, capitán de
meseros de la Usumacinta, escuchó la voz del superintendente Guillermo
Porter que advertía al par de Pemex que había una fuga de gas. Así que, al
igual que sus compañeros, corrió por su chaleco. Dice que por la puerta de
acceso les impedían salir, así que la empujaron para apostarse en el
helipuerto.

 “Estaban llamando al barco Morrison que supuestamente nos iba a rescatar,
pero pasó una ola muy fuerte y dobló la escalera por donde íbamos a bajar.
¡La dobló como si fuera un palo! El barco nunca se acercó. Fui de los
primeros en entrar al bote número 2. Cuando se volteó, quedé prensado entre
el motor y la parte de arriba del bote. Los cadáveres me aplastaban y no me
dejaban salir. Tragué agua, muchísima agua con aceite.

 “Yo también me había rendido. Hasta aquí llegué, dije. Y no sé, de pronto
sentí que algo voló para arriba y me abrió un espacio en la cabeza. Saqué el
cuello y comencé a respirar. Hice un gran esfuerzo para sumergirme para
poder salir. Cuando estábamos arriba, éramos alrededor de 21 personas arriba
del bote y la marea era tan fuerte que cada oleaje nos aventaba de dos o
tres personas y se los llevaba así. Yo bajé del bote hasta las 4:00 horas.
Llegamos a la barra de San Pedro, nada más 11 personas”.

 El 24 de octubre Óscar de la Cruz Valencia fue trasladado en el helicóptero
XA-UAE junto con Alfredo de la Cruz Ruiz, Hugo Malerva del Ángel, Fredy de
la Cruz Arévalo, Héctor Francisco Reyes Tapia, Nicolás Alvarado y Leopoldo
César García.

 Jesús

 “¡Fuga de gaaaas! ¡Fuga de gas sulfhídrico!”, escuchó Jesús mientras yacía
en la sala de televisión. Como recamarero y pasillero, su función era
despertar a la gente del turno nocturno que a esa hora dormía en el segundo
y tercer nivel. Salió hasta que todos ya estaban en el helipuerto. Cuando la
ola viró la* mandarina *2, a nado buscó una salida.

 “Allí abajo todo estaba oscuro. Hasta que me pude levantar y vi la luz del
día. Ya había tragado mucha agua. Lo único que hice fue flotar. Me fui
despegando de todos. ¡Estuve más de 15 horas navegando solo! Salí hasta por
Frontera, Tabasco. Nunca luché contra el mar, el mar me sacó. Como a las
6:00 horas, estaba en Frontera. El frío me mataba. Caminé hacia unos
arbustos a esconderme del frío. El aire del temporal me estaba matando. Me
dormí un rato. Como a las 9:00 horas escuché los helicópteros. Salí y pedí
auxilio. Me llevaron al hospital de Pemex. Eso es lo único que puedo
explicar”.

 El informe oficial dice que entre las 11:00 y 12:00 horas del 24 de
octubre, el helicóptero AMHT-218 de la Armada de México rescató en Frontera
a los sobrevivientes Jesús Manuel García Paxtian y Eder Ortega Flores. En
esa misma playa recuperó tres cadáveres. Estaban a 30 millas náuticas al
oeste de Ciudad del Carmen.

 Jorge

 “Yo estaba de turno en el área de cocina. En la contingencia, todo a la
mera hora falló. No suenan las alarmas, no suena nada en la plataforma, y
uno se desespera porque no encuentra nada que hacer más que ir al punto de
reunión. Una mala acción de seguridad allí en la plataforma: tanto Pemex o
Central no tenían la seguridad en esa plataforma como debía de ser. Era mi
segunda subida. Tenía dos años con Protexa. Nunca pensé que me pasaría esto,
pero gracias a Dios estoy vivo para contarlo”.

 El reporte oficial indica que Jorge Francisco Montiel era una de las 12
personas a las que el mar arrastró encima de la *mandarina* 2 hasta la costa
de Centla. En el helicóptero XA-UCF, uno de los que ASESA arrienda a Pemex,
fue trasladado a Ciudad del Carmen.

 Hugo

 “A mí me tocaba trabajar de noche, así que a esa hora estaba durmiendo.
Subimos al helipuerto, allí estuvimos unas tres horas. Cuando subimos a las
*mandarinas*, noté una falla porque me tocó ir de pie en la escotilla
delantera, tenía mica y estaba pegada con silicón; estaba parchada. Esas
escotillas al momento de dar vuelta se abrieron todas y se llenó de agua.

 “Fui uno de los primeros que se salió, porque como iba de pie en la
escotilla, a tientas empecé a tocar y me escurrí por un hueco que encontré.
Cuando salí quedé muy lejos de la *mandarina*. Atrás apareció un compañero
de Pemex. Ya al rato lo vi encima del bote. Empezamos a nadar. Poco a poco
empezaron a salir los demás. Yo no me había dado cuenta, pero estaba todo
golpeado y me estaba desangrando.

 “Para nosotros nunca llegó el rescate. Los helicópteros nos localizaron
cerca de la una de la mañana, pero no hicieron nada por nosotros, nada más
nos fueron vigilando hasta que llegamos a la orilla. Caminamos entre un
manglar hasta donde estaba otro helicóptero. Nos llevaron al hospital de
Pemex y allí nos tuvieron una hora: me suturaron la herida, me sacaron una
radiografía de cráneo y ya. Luego nos llevaron al Seguro Social. Nos
tuvieron cuatro horas, nos pusieron un suero y ya, nos echaron para afuera,
aunque llegamos todos con la vista mal. No podíamos ni ver. Estábamos en
malas condiciones y así nos aventaron para afuera”.

 Los informes médicos indican que la mayoría de los náufragos presentaba
conjuntivitis química, tenían una espesa secreción verdosa; algunos
presentaban contusiones oculares y la mayoría fotofobia, lo que les impedía
la visibilidad.

 Hugo concluye su relato: “La compañía nos llevó a un hotel y a los dos días
nos mandaron a cada quien para su casa, a mi nada más me dieron medicamento
para la gripa y tos, y fue todo. De allí, atención por el Seguro ya no
recibí”.

 Inocente

 “Trabajaba en el turno de la noche, así que a la hora del accidente estaba
durmiendo. Doña Carmen entró a despertarme y me dijo que estaba la
emergencia. Me puse mi chaleco y fui al helipuerto. Cuando la *mandarina* se
volteó, yo logré salir por una escotilla. Permanecí allí como una hora hasta
que una ola como de 10 metros me sacó. Me quedé a la deriva como siete
horas; luego me rescató la Marina. Me tuvieron hasta la una de la mañana,
luego me llevaron al helipuerto de Ciudad del Carmen, luego al hospital de
la Marina y me tuvieron casi dos días”.

 El informe oficial indica que a las 00:27 horas del 24 de octubre, el
helicóptero SEMAR PM-151 rescató a Inocente Alejandro Castillo. Dieciocho
minutos después, la aeronave trataba de rescatar a otro sobreviviente, pero
se les cayó al mar y cuando trataron de regresar a buscarlo no lo
encontraron; a las 15:26 horas reportaron que encontraron un cadáver al Este
de Ciudad del Carmen.

 Eleazar

 “Trabajé de noche, así que a esa hora estaba descansando, aunque no pude
dormir porque ya lo presentía. Escuchaba a la gente que corría por la
escalera. El aire estaba muy fuerte. Nadie quería salir, yo tampoco, pero
hay unos que son muy valientes, no querían morir allí y salieron. Cuando
salí, lo primero que hice fue buscar el tanque que tuviera más oxígeno
porque algunos no estaban bien cargados: me lo coloqué y luego le ayudé a
mis compañeros que no sabían cómo.

 “Veía a la gente muy nerviosa. Unos gritaban. Otros se desmayaban. Sentí
mucho miedo al meterme a la *mandarina* porque sé que hay muchos que se han
muerto. Yo esperaba lo peor. Empecé a vomitar. Ya no podía, ya no quería
estar allí. Me sentía muy débil. Agaché la cabeza y traté de contener el
vómito. Ya teníamos mucho tiempo navegando, cuando de pronto entró el agua.
Yo sentí una ola y no me dio tiempo ni de respirar. Me aventó el agua; me
golpeé. Traté de salir pero no encontraba la salida. No tenía aire y no
podía respirar. Me puse a nadar pero no sabía para dónde.

 “Me di por muerto. Me vencí, pero de pronto miré algo claro: era la
escotilla y lo único que hice fue acercarme. El chaleco me sacó a flote.
Estuve durante 14 horas encima de la mandarina hasta que las olas nos
sacaron a la playa. Estuvimos esperando un rescate que nunca llegó. Cuando
llegó un helicóptero, ayudamos a subir a los que estaban más heridos. A las
cinco de la mañana regresó el helicóptero por nosotros. Nos llevaron al
hospital de Pemex, nos tuvieron una hora y nos enviaron al Seguro. Allí nos
tardaron mucho para sólo ponernos un suero”.

 Erick

 “Yo soy buzo. Trabajé primero para Pemex, luego para Protexa. Esa fuga fue
letal porque el gas es venenoso. Al detectar el gas, la primera reacción es
que arde la nariz, la segunda es el mareo y la tercera es que uno pierde el
conocimiento o incluso muere. Yo he pasado por varias contingencias, pero
nunca como esa: en la Usumacinta no hubo coordinación por parte de Pemex.
Ignoro lo que pasó; por qué se quebraron las mandarinas; por qué hubo tantas
cosas, e incluso, muchas anomalías.

 “Lo que pasó es parte de las anomalías que ocurren a bordo. Sólo es
cuestión de que uno suba a bordo y se dé cuenta. Claro que cuando sube
personal de inspección, peritos y todo eso, en las auditorías ponen todo
como si no pasara nada, para proteger a Pemex. Se lo digo en nombre de Dios:
les ofrecen una buena comida, incluso hasta sus tragos para que no digan
nada, y que aquí se quede”.

 Y después del naufragio…

 Traumatizados, deshidratados, con altos grados de hipotermia, contusiones,
conjuntivitis, esofagitis y excoriaciones dermoepidérmicas, algunos en
estado “muy alto” de tensión emocional, otros en *shock*, así llegaron los
68 heridos a los hospitales de Ciudad del Carmen y Comalcalco, 53 náufragos
y 15 rescatistas.

 En la Sonda de Campeche, la mayoría de los trabajadores son contratados
mediante triangulaciones, es decir, pactan con una empresa, otra les paga y
desarrollan el trabajo operativo bajo las órdenes de una más. Sin
representación sindical o afiliados a sindicatos de protección, los
empleados “de compañía” siempre tienen las de perder. Los sobrevivientes de
la Usumacinta no fueron la excepción: la categoría de los trabajadores se
vio reflejada en la atención médica discriminatoria aun en esa situación de
emergencia.

 Mientras que los empleados de Pemex recibieron atención en los hospitales
de la petrolera, se les abrió un expediente clínico, se les tuvo bajo
observación y se les dieron incapacidades recomendándose actividades lúdicas
y de recreación, terapias psicológicas y un adecuado proceso de
acompañamiento; en contraste, a “los de compañía” los tuvieron unas horas en
el hospital en tanto les curaban las heridas. Después el patrón los hacinó
48 horas en un hotel de segunda y allí dentro, lejos de la prensa, les dio
la orden de que ‘como pudieran’ se regresaran a sus casas, que al fin el
contrato se daba por terminado. A solas, aguantaron los malos tratos,
soportaron su miedo y reprimieron el estrés postraumático que los sicólogos
diagnosticaron en todos los náufragos.

 Ganancias millonarias por una cobija

 Guillermo Porter Rodríguez era uno de los superintendentes más
experimentados de la industria petrolera mexicana, no en vano trabajó en
ella 52 años de su vida, 35 con Pemex y 17 con Perforadora Central. Al
morir, la compañía que representa Patricio Álvarez Murphy se negó a
indemnizar a su viuda, Virginia Castellanos, arguyendo que no era
trabajador, sino “prestador de servicios”, así que “no tenía derechos”.

 El día del accidente, como buen capitán, envió a su tripulación a que
evacuara del artefacto marítimo, para luego hacer lo propio. Murió ahogado
al interior de la* mandarina* 2. El informe oficial indica que a las 10:18
del 24 de octubre, el helicóptero AMHP-150 de la Armada de México encontró
su cadáver junto con los de Leandro Manuel Hernández Pozo, Juan Felipe
Figueroa y Miguel Ángel Solís Rodríguez; se llevó los de Leandro y Juan
Felipe. Más tarde, el helicóptero AMHT-218 regresó por su cuerpo y el de
Miguel Ángel.

 Laura Porter dice que los directivos de Perforadora Central “nunca nos
dieron la cara”. No hubo condolencias, esquelas, ni una sola misiva. Echados
por borda los años que Porter se entregó a la empresa de domingo a lunes,
disponible las 24 horas del día, aun en tierra, atento a resolver cualquier
eventualidad en las plataformas de Perforadora Central. “Les dedicó su
experiencia, les dio a ganar millones de dólares, y en pago nos entregaron
su cuerpo envuelto en un viejo cobertor”.

 El caso de Porter es un ejemplo de lo que ocurrió con la mayoría de las
víctimas. Para sortear el escrutinio público, la dirección de Pemex aseguró
que todos habían sido indemnizados, y que su equipo jurídico –encabezado por
Néstor García Reza– asesoraba a los deudos. La contraparte desmiente la
versión, incluso demandaron a la paraestatal y a sus respectivas compañías
ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje por la negativa a
indemnizarlos.

 Los deudos presentaron una segunda demanda ante la Corte de Distrito del
estado de Texas, caso 9:08-cv-00200-TH, que se ventila actualmente en
Estados Unidos en contra de Petróleos Mexicanos y los corporativos Gulf
Coast Marine& Associates, Inc, Schlumberger Limited, Vetco Gray Inc,
Halliburton Company, Glen Carter, Baker Hughes, todos ellos, involucrados en
el suministro de equipo de infraestructura o seguridad de la Usumacinta;
además del Battelle Memorial Institute, por emitir el estudio –pagado por
Pemex– en el que culpa de las muertes a los mismos trabajadores.

  Exhiben abusos en Pemex ante la CIDH

 Ante la negativa del gobierno federal de responsabilizarse del colapso de
la plataforma Usumacinta, y el rechazo de Pemex a la Recomendación 014/2009,
en la que la CNDH acreditó que los directivos “toleraron que la plataforma
Usumacinta funcionara en condiciones que no garantizaban cabalmente la
integridad física y la vida de los trabajadores”, la CIDH juzgaría la
responsabilidad del Estado mexicano, que representa Felipe Calderón, en las
22 muertes del desastre identificado como el más grave ocurrido en la
industria del gas y del petróleo en las últimas décadas.

 El pasado 6 de octubre, la oficina sede de la CIDH, en Washington, recibió
el legajo de informes, estudios, testimonios y denuncias, que documentan una
historia de negligencias, omisiones, corrupción. El clamor de 22 almas, en
la inmensidad de los 90 mil kilómetros de mar profundo de la Sonda de
Campeche, no tuvo respuesta. Cantarell les cobró caro la explotación
irracional que las contratistas de Pemex hacen del *oro negro *en el segundo
yacimiento petrolero más importante del mundo.

 En su petición de intervención al organismo internacional, los
peticionarios –los deudos, algunas víctimas, cinco diputados federales y
diversas organizaciones del sector náutico– denuncian que a dos años del
siniestro la PGR no ha fincado responsabilidades en la indagatoria penal
AP/PGR/CAMP/CARM-II/142/2007, y que ni siquiera les ha dado acceso al
expediente. Como tampoco le dio acceso a la CNDH, denunció el ombudsman
nacional, José Luis Soberanes, incluso, el secretismo sobre el asunto le
valió que la CNDH incluyera a la PGR en su recomendación.

 Amén de repulsar su responsabilidad, los directivos de Pemex ni siquiera
rescindieron el contrato a Perforadora Central, por el contrario, le
recontrataron otras de sus plataformas que, según las supervisiones internas
de Pemex Exploración y Producción, están en evidentes condiciones de
deterioro (*Contralínea* 111). Por todo ello, los deudos acudieron a
instancias internacionales.

 Ante la CIDH se denuncia que en la industria petrolera mexicana impera “la
contratación de personal inexperto, el limitado rigor en torno a las medidas
de higiene y seguridad, la falta de garantías jurídicas para los empleados”.
Además de los sueldos bajos, la falta de servicios de seguridad social,
“ocasionando no sólo baja productividad, sino riesgos innecesarios e incluso
lesiones y la muerte de empleados”. Se argumenta que “esta situación es un
reflejo de la equivocada política empleada por Pemex para exigir y vigilar
que se cumplan los ordenamientos nacionales e internacionales en materia de
derechos humanos”.

 Se señala como corresponsables a las secretarías del Trabajo y Previsión
Social, que encabeza Javier Lozano, y de Comunicaciones y Transportes, al
frente de Juan Francisco Molinar Horcasitas, quienes “han permitió que las
empresas subcontratadas por Pemex incumplan los términos de los contratos y
transgredan la legislación nacional e internacional”.

 Se acusa al Estado de violar los derechos a la vida, a la legalidad, a la
seguridad jurídica y a la integridad física de los trabajadores de la Sonda
de Campeche, así como de incumplir las normas y reglamentos de seguridad que
se requieren para laborar en las plataformas petroleras; de la deficiente
capacitación y equipo proporcionado a los empleados en las instalaciones
marinas de Pemex, y de no contar con embarcaciones de salvamento en las
cercanías de las plataformas oceánicas.

 La situación a la que se sometió a los trabajadores en la Usumacinta
–argumenta la denuncia– violó también los convenios ratificados por el
Estado mexicano ante la Organización Internacional del Trabajo y las* *Normas
de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas para Empresas,
que enuncia las obligaciones fundamentales mínimas para las empresas en la
esfera de los derechos humanos, y sus responsabilidades como órganos de la
sociedad. Refiere que en octubre de 2007, cuando colapsó la plataforma,
había más de 5 mil demandas de trabajadores de la Sonda en contra de Pemex y
sus contratistas (incluidas Perforadora Central y Protexa), por violar sus
derechos laborales e irregularidades diversas.

 La intensión, explica el exlegislador Cuauhtémoc Velasco Oliva, uno de los
promovió la querella ante la CIDH, será llevar el asunto hasta la Corte
Interamericana donde el tribunal internacional enjuiciaría al Estado, ya que
“las condiciones de inseguridad que provocaron el accidente persisten y
podría ocurrir otra tragedia en cualquier momento. Está en riesgo la vida de
13 mil trabajadores y el patrimonio nacional”.

 Al respecto, se solicitó al director de Pemex, Juan José Suárez Coppel, su
posición sobre el asunto, y también a la empresa Perforadora Central. Hasta
el cierre de esta edición, no hubo respuesta. Casualmente, la misma semana
en que legisladores federales anunciaron que los deudos solicitaron a la
CIDH su intervención en el caso, Pemex ordenó desmantelar los restos de la
Usumacinta en la Sonda de Campeche. (ALP)

  *Cronología del
colapso*<http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2009/11/01/la-trage...>

*
*<http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2009/11/01/la-trage...>

<http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=36206424&postID=55780868196...>
    Secuestro: México en la senda de Colombia Nydia
Egremy<http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/author/nydia/>
1 Noviembre 2009

*Poco o nada aprendieron las autoridades mexicanas de lo ocurrido en Colombia
en la década pasada, cuando los narcotraficantes acumularon el poder
suficiente para extorsionar al propio Estado y los secuestros pasaron de la
demanda económica a la de prerrogativas legales y políticas. Eso podría
ocurrir en México si el gobierno y la sociedad “no aprenden las lecciones”,
advierte el excomandante de las Fuerzas Especiales de Colombia, Bahamón
Dussan. Tan sólo en 2007 y 2008, los secuestradores mexicanos pidieron
rescates por alrededor de 12 millones de pesos por cada persona cautiva*

“En Colombia, vivimos lo que ahora comienza en México: secuestros no muy
numerosos por los que se pedía mucho dinero y contra figuras conocidas; se
pensó que sólo afectaba a un sector de la población. Por la indolencia del
gobierno y la sociedad, ese delito creció hasta convertirse en un problema
de seguridad nacional”, explica Mario Bahamón Dussan, teniente coronel
del ejército
colombiano, actual asesor de seguridad para ejecutivos de empresas
trasnacionales.

Recuerda que en 1996 se registraba un secuestro al año; entre 2000 y 2001
escaló a 3 mil 542 casos. Por esa razón, afirma, una nación “tan próspera
como México no debe seguir ese camino; nosotros lo recorrimos porque no
sabíamos, pero ustedes tienen el modelo de Colombia”.

La advertencia de Bahamón, quien promueve en México su libro *99 malos
consejos para ser secuestrado* (99 Editions), tiene lugar a unos meses de
que José Antonio Ortega, presidente del Consejo Ciudadano para la
Procuración de Justicia y Acción Penal, manifestara que el Estado mexicano
está en deuda política, legal y social con las víctimas del secuestro.
“México vive la peor crisis de inseguridad y violencia en tiempos de paz”,
expresó Ortega el 23 de abril. Describió que 2008 fue el año más violento
por causa de los secuestros, pues acumuló 1 mil 28 denuncias por privación
ilegal de libertad y dejó a 75 personas asesinadas.

El representante de esa organización social estimó que este país tiene el
primer lugar en el ...

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